“Él no pensaba hacerme los papeles porque aquí creen que son alas para volar. Y sin papeles yo solo era la criada”. Para que Fátima, de 40 años, haya llegado a esta cruda deducción —desvelada bajo seudónimo entre la resignación y la rabia— ha tenido que expiar el calvario que arrancó un día de verano de hace más de 14 años en una playa de Ceuta. Ella, por entonces una joven tetuaní de 28 años en situación irregular, le conoció a él, un divorciado ceutí de 55. Se casaron un año después en una unión que convenía tácitamente a ambos, aunque Fátima prefiera seguir pensando que había “amor a su manera”.

Pronto llegaron las órdenes “como si fuese el servicio doméstico”, los gritos, los golpes. También una denuncia falsa, para intentar arrebatarle la custodia de los dos hijos que tuvieron en común. En 2015, Fátima se convirtió definitivamente en “una mujer libre” —como ella se define— cuando un juez impuso a su ya entonces exmarido una orden de alejamiento. Pero no todas las mujeres marroquíes que han pasado un trance como el suyo en Ceuta alcanzan su final. Sus historias están tan normalizadas como silenciadas, en una ciudad de 84.500 habitantes donde la mitad de sus matrimonios se producen entre españoles y extranjeros: de 209 uniones celebradas en el primer semestre de 2017, 111 eran mixtas, según datos del INE.

Tanto en el Registro Civil como en la Fiscalía de Ceuta están ya habituados a que una parte de estos casamientos escondan un juego de intereses en el que, normalmente, es ella la que intenta conseguir la nacionalidad española. “Está tan extendido y la sociedad es tan machista que se ve como normal que ocurran situaciones que no lo son”, reconoce Maribel Lorente, presidenta de Digmun, la ONG a la que Fátima recurrió para escapar de su situación.

El imaginario colectivo suele reservar a la mujer marroquí el papel de única beneficiaria de los matrimonios de conveniencia. Pero Lorente discrepa: “Si ocurriese porque ambos quieren… El problema viene cuando ellos se benefician de la vulnerabilidad de ellas para ejercer un patriarcado efectivo en todos los niveles”. De hecho, en la mayor parte de los casos suelen ser jóvenes, con escasa formación y dinero, que intentan conseguir la residencia y escapar así de los dos precarios escalafones a los que solo podrán acceder en Ceuta sin papeles: asistenta doméstica o porteadora.

Al otro lado se encuentran a “viudos o separados con hijos, mayores, con recursos y en busca de nuevas experiencias”, como detalla Lorente con evidente ironía. “Ellas creen haber encontrado una bicoca con un hombre que gana dinero y las atenderá bien”, añade la presidenta de Digmun. Los perfiles de hombre mayor español y mujer joven marroquí son bien conocidos por José Luis Puerta, fiscal jefe de Área de Ceuta: “Es un problema de pobreza y desigualdad, de explotación de una persona sobre la otra”.

Y no es fácil de atajar. En el Registro Civil reconocen que pueden realizar hasta tres entrevistas en audiencia reservada para intentar descubrir el fraude y que “entre un 20% y un 30%” de las peticiones de matrimonio se deniegan. En otras ocasiones, no pasa de una sospecha que no se puede comprobar. Son los casos en los que la pareja se conoce bien, incluso porque es habitual que ella ya haya trabajado para él antes como servicio doméstico. “El matrimonio es un derecho y un juez no lo puede denegar si no hay argumentos sólidos”, reconocen desde el Registro.

No es fácil conocer el destino de estos matrimonios. A veces, acaban bien. Otras, la mujer se ve atrapada en situaciones como las que vivió Fátima: “Yo era el servicio doméstico de toda su familia. Un día me despertaron a la una de la madrugada para que les cocinase pollo”.

Pocas denuncias

Puerta recuerda un caso que llegó a su despacho de una menor de edad emparejada con un hombre mayor que intentó abusar de ella. “Se negó y él le clavó como represalia una batidora en el brazo”, relata el fiscal. Pero en la mayor parte de los casos no hay denuncias porque las mujeres no conocen sus derechos o porque las situaciones de explotación y abuso, ocurridas en el ámbito de lo privado, no son fácilmente demostrables. “Y eso en los casos que hay matrimonio. En muchos otros, se conforman con vivir con él porque éste y su entorno no acepta que se casen”, reconoce Lorente.

La presidenta de Digmun rememora el caso de una joven separada de un funcionario ceutí que, al no conocer el idioma, “a punto estuvo de firmar un convenio de divorcio muy poco justo para ella y su hijo”. O situaciones en las que si la mujer aporta niños de parejas anteriores y sin la nacionalidad española, “si él la repudia se ven todos en la calle”. Tampoco regresar a sus localidades de origen es una opción, como añade la activista: “Si ha estado viviendo con un cristiano sin casarse, la familia puede repudiarla”.

Cuando Fátima recibió su primera bofetada, su primera hija tenía seis meses. “Pero fue él el que me denunció con una denuncia falsa. Quería quitarme a mi hija”, añade la mujer. Fue entonces cuando acudió a Digmun. Vivió en una casa de acogida y un garaje, antes de volver a acabar conviviendo con su exmarido, con el que tuvo otro hijo. Tras otra nueva agresión, en 2015, rompió definitivamente los lazos con él.

Para ese entonces, la tetuaní ya asistía a los talleres de alfabetización de español que Digmun imparte cada año. Justo en este mes, en las aulas del instituto de enseñanza secundaria Puertas del Campo, más de un centenar de mujeres residentes en Ceuta o transfronterizas se encaminan ya hacia el final de este curso. Allí fue donde Fátima aprendió su resuelto castellano. De él se sirve ahora para contar, lenguaraz y con coraje, lo libre que hoy se siente: “Ya lloré demasiado, ahora quiero contar mi historia para ayudar a otras mujeres que puedan verse en mi situación”.

 

 

FUENTE: ELPAIS