Enrique Álvarez Conde, director del máster oficial del Instituto de Derecho Público cuya obtención podría terminar con carrera política de Cristina Cifuentes, centra hoy la polémica tras la decisión de la cúpula de la Universidad Rey Juan Carlos (URJ) de suspenderle de sus funciones “por las graves irregularidades detectadas”. El catedrático de Derecho Público cree que es injusto que la opinión pública y los órganos directivos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) centren sus medidas disciplinarias en él, y no contra el equipo del rector Javier Ramos o contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En las últimas horas ha aumentado su enfado tras anunciarse un expediente sancionador contra él y contra la funcionaria que supuestamente manipuló las actas que permitieron aprobar el título de Derecho Público a la presidenta de Madrid, según reveló eldiario.es.
Álvarez Conde tiene en su poder abundante información sensible, recogida durante sus diez años al frente del Instituto de Derecho Público. Según ha comentado en privado a profesores de la URJC, con los que ha contactado El Independiente, estaría dispuesto a “tirar de la manta”. El director del máster de Cifuentes asegura tener pruebas contra el actual rectorado y contra varios dirigentes del PP de Madrid. No entiende por qué la misma universidad que lo expedienta no hace lo propio contra la presidenta regional, según establece el Ministerio de Educación.
El catedrático de Derecho sostiene que fue presionado por el rector para entregar un acta falsificada, como informó El Confidencial el 6 de abril. Aunque dos sus subordinadas (Alicia López de los Mozos y Clara Souto) han apuntado que él fue el responsable de fabricar un documento falso, Álvarez Conde insiste en que lo único que hizo fue “reconstruir” un documento que existía, como declaró a Carlos Alsina en Onda Cero. Y sostiene que el actual rector, en lugar de escucharle en la comisión de investigación interna que se creó al poco de saltar el escándalo, decidió trasladar el expediente a la Fiscalía. Por eso, añade, acudió al programa de radio.
La guerra de acusaciones probablemente se resolverá en los juzgados. Pero, hasta el momento, él se ha convertido en el primer caído, junto con la funcionaria Amalia Calonge. Aunque no perderá de momento su puesto de trabajo, sí perderá su puesto como responsable del Instituto de Derecho Público, del que se le ha suspendido en sus funciones. Por eso Álvarez Conde cree que puede haber llegado el momento de dar a conocer la información de que dispone. El culebrón de la URJC promete continuar varias semanas más.
Tampoco comparte la defensa del rector y su equipo que hizo el pasado miércoles en rueda de prensa la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE. Y entre el profesorado de la Rey Juan Carlos hay quien indica que el IDP no es el único centro que escapa a la fiscalización de esta universidad creada en los años noventa y muy vinculada a los populares madrileños.
La CRUE manifestó “todo su apoyo al rector” para “llegar hasta las últimas consecuencias” y así “mantener el buen nombre de la universidad”. Pero Álvarez Conde asegura que Javier Ramos le presionó para construir un acta inventada de la defensa del TFM de Cifuentes. Y pretende cuestionar la versión de los rectores.
