La reapertura de la pieza 5 del caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional para indagar si el expresidente de la Generalitat Francisco Camps fue quien ordenó la contratación del Gobierno valenciano con la trama Gürtel ha vuelto a poner en el punto de mira las dos primeras adjudicaciones que Orange Market consiguió en Valencia meses después de que el PP de Aznar perdiera el Gobierno de España. El germen de la trama de financiación irregular de los populares en la Comunitat Valenciana que también pagó actos de Mariano Rajoy.
Presidencia de la Generalitat adjudicó en 2004 varios contratos a dedo que superaron los 80.000 euros a Orange Market, una empresa recién creada y con excargos públicos del PP como Pablo Crespo entre sus accionistas. Los contratos, que «nacían del corazón de la administración valenciana», levantaron las sospechas del diputado del PSPV-PSOE José Camarasa gracias a las confesiones de una garganta profunda. «Me avisaron que era una empresa muy vinculada al PP de Madrid y con dirigentes del PP gallego y me puse a investigar», cuenta.
Este aviso hizo a Camarasa iniciar una batería de preguntas en las Corts valencianas. Pero eran otros tiempos. El diputado socialista se interesó por la trayectoria de Orange Market -la delegación de la Gürtel en Valencia-, por los expedientes de tramitación y por el número de contratos. La mesa del parlamento bloqueaba la mayoría de preguntas y el diputado solo obtuvo una contestación del Gobierno de Francisco Camps: «El contenido hace referencia a una persona física o jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la comunidad autónoma». Un verdadero cerrojazo informativo que muy pocos medios y periodistas se atrevieron a denunciar.
«Eran tiempos de vino y rosas y nadie se atrevía a toserles. Personas de algunos medios de comunicación nos criticaban por fiscalizar a Camps, porque la Comunitat Valenciana iba como un tiro económicamente. Era muy frustrante», relata Camarasa. Pero no fueron los únicos que avisaron al socialista del mal camino que llevaba. Según el exdiputado, el mundo empresarial también le presionó: «Un gran contratista me dijo: ‘Está bien que hagáis política, pero cuando el tren va bien es mejor para todos que no se distraiga. ¡Pero si hay para todos!'», cuenta el exdiputado que todavía recuerda esta actitud con frustración.
Camarasa siguió reuniéndose con su garganta profunda, una persona del mundo de la comunicación que veía como los grandes contratos en la Comunitat Valenciana se los llevaba una empresa advenediza y ajena al sector local. «Me dijo que los primeros contratos eran un desembarco de distracción. Vendrán más», comenta que le alertó. Y así fue, Orange Market recibió millones de euros en adjudicaciones de diferente consellerias. Posteriormente, la empresa que lideraba Álvaro Pérez El Bigotes se convirtió en el instrumento para financiar irregularmente al PP valenciano.
Las pesquisas del diputado siguieron durante esos años pese a las presiones empresariales y mediáticas. Y en una entrevista estalló tras conocer la adjudicación del stand de Fitur a la firma de la trama: «Se podría pensar que Orange Market está financiando al PP», dijo el diputado en enero de 2007. Y no falló. En esa contienda electoral los populares valencianos recibieron de Orange Market a través de los empresarios más de un millón de euros.
El PP consiguió enterrar a duras penas el trabajo en la luz y en la sombra de Orange Market hasta que en febrero de 2009 el otrora juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones por la trama Gürtel. Antes, había realizado pinchazos telefónicos con importantes resultados y había investigado decenas de empresas. El tribunal ya ha sentenciado en 2018 como instruyó Garzón que el PP valenciano se financió de manera irregular. Como había vaticinado Camarasa en 2005.
