María Ángeles Núñez Bolaños, la jueza que asumió el caso de los ERE en julio de 2015 tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla, está llevando a cabo un «vaciamiento progresivo tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía» de las piezas que conforman ese procedimiento, afirma el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, en la denuncia disciplinaria interpuesta contra la magistrada, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Son 110 folios demoledores en los que Luzón analiza en detalle la situación de los tres procedimientos penales que Núñez heredó de Alaya y que se refieren a los casos de corrupción más graves descubiertos en Andalucía: los ERE, relativo a ayudas sociolaborales por las que ya han sido juzgados los expresidentes socialistas Chaves y Griñán, que están a la espera de sentencia; el caso avales, derivado del anterior tras detectarse que algunas de las empresas receptoras de ayudas del llamado ‘fondo de reptiles’ eran también beneficiarias de un sistema de avales de la Junta; y el caso Idea, relativo al uso inadecuado de transferencias de financiación procedentes de las Consejerías y recibidas por la Agencia Idea, la entidad de la Junta encargada de impulsar la actividad económica en la región y que fue la caja pagadora de las subvenciones.
La denuncia dirigida al Consejo General del Poder Judicial describe un escenario de «inactividad» investigadora, «desatención» a las resoluciones de la Audiencia de Sevilla, «trabas» y «conductas irregulares» que llevan al fiscal anticorrupción a deducir que existe una «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos» por parte de Núñez Bolaños.
La denuncia se divide en tres partes: un escrito de 25 folios firmado por Luzón, un cuadro-resumen de la situación procesal de cada pieza y un anexo elaborado por los seis fiscales anticorrupción de Sevilla significativamente titulado Informe ilustrativo, no exhaustivo, de la desatención observada en casos concretos.
Caso ERE
La situación de las diferentes diligencias previas abiertas como piezas separadas de la causa principal de los ERE es de «parálisis, en abierta contradicción con lo que debe de ser la instrucción como fase previa para el enjuiciamiento de hechos con clara apariencia delictiva y de suma gravedad como son las conductas relacionadas con la corrupción que implica el cuantioso desvío de fondos públicos», afirma Luzón.
«La magistrada instructora se muestra pasiva o se limita a dar una mera apariencia de tramitación de las diligencias», sostiene el fiscal, que explica que de las seis piezas separadas incoadas en noviembre de 2015 se han cerrado tres, pero no por Núñez Bolaños sino por el juez de refuerzo Álvaro Martín. «En llamativo contraste», las otras tres (Cenforpre, Rosendo/Sayago y sobrecomisiones), que corresponden a la denunciada, no avanzan.
En la pieza de Cenforpre, la Audiencia de Sevilla ordenó en enero de 2018 dictar un nuevo auto de procedimiento abreviado, sin que la instructora lo haya hecho hasta ahora.
En la pieza Rosendo/Sayago, el fiscal pidió dictar el auto de procedimiento abreviado en junio de 2018. «Tras diversos avatares procesales y los oportunos recordatorios de esta Fiscalía, la instructora continúa sin dictar una resolución en respuesta a lo interesado», indica la denuncia.
En la pieza de las sobrecomisiones, el fiscal ha tenido que reiterar la petición de práctica de diligencias y «ha instado el dictado del procedimiento abreviado por haber transcurrido los plazos de instrucción, auto que la instructora tampoco ha acordado».
La denuncia concreta casos de demora de más de medio año en la resolución de escritos y recursos; retrasos en delimitar el objeto y las personas afectadas por las piezas; la reiterada suspensión de declaraciones sin alegar motivo alguno; el dictado de resoluciones «sin motivación» que son revocadas por la Audiencia; la inacción ante diligencias próximas a prescribir y el «incumplimiento de lo ordenado por la Audiencia».
De esta última tacha se ponen varios ejemplos, entre ellos las diligencias que afectan a Azucarera de Jaén. «Se incoaron el 28 de marzo de 2016 y, sin practicar más diligencias que mera documental, se dictó auto de archivo con fecha 11 de octubre de 2016», relata el fiscal, que recurrió el archivo y logró que la Audiencia lo revocara.
«Excluidos todos los investigados pertenecientes a la Consejería de Empleo, la magistrada provoca un vacío paulatino del procedimiento archivando con fecha 30 de enero de 2018 respecto de dos investigados (R.G. y O.A.) y con fecha 6 de febrero de 2018 respecto de otros dos (A.V. y B.A.) para dictar nuevo auto de archivo con fecha 14 de febrero de 2018, burlando así lo dispuesto por la Audiencia», dice la denuncia.
El fiscal volvió a apelar y «una vez más» la Audiencia revocó los autos de Núñez, ordenando que imputara a A.M. y R.G. El 11 de octubre de 2018 la Fiscalía solicitó que se dictara auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado pero la instructora, «desoyendo nuevamente lo manifestado por la Sala, dictó auto de archivo de las actuaciones por tercera vez con fecha 19 de marzo de 2019». La Fiscalía recurrió en reforma en marzo pero la jueza no ha resuelto.
El resultado de las piezas del caso ERE es que, de un total de 182 diligencias previas incoadas desde 2016, Núñez Bolaños ha dictado 5 autos de continuación por los trámites del procedimiento abreviado (representan un 2,7% del total), 48 archivos (el 26,4%, en 9 casos por prescripción) y 129 están en trámite o se han acumulado a otros procedimientos (70,8%).
Caso avales
La denuncia sostiene que «han sido necesarios casi dos años para que la magistrada se avenga a practicar diligencias instructoras».
En marzo de 2017, la Fiscalía pidió que se libraran de manera urgente sendos oficios a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General del Estado (IGAE) para que remitieran los atestados y pericias cuya elaboración les fue encomendada por auto de 24 de febrero de 2015. La instructora lo denegó pero, tras el correspondiente recurso, la Audiencia le ordenó realizar esa diligencia.
Pese a ello, Núñez Bolaños no ejecutó lo acordado y el Ministerio Público tuvo que recurrir de nuevo. Cuando finalmente se enviaron los oficios a la IGAE y la UCO las contestaciones «vinieron a destapar, una vez más, la inactividad del Juzgado» al poner de manifesto que la nueva instructora no había enviado nueva documentación.
El pasado 8 de abril, la Fiscalía pidió más diligencias. Paralelamente, dos investigados pidieron el archivo. «El Juzgado no tramitó la solicitud de la Fiscalía. Sí lo hizo con la de la defensa», dice la denuncia.
«Finalmente, por auto de 27 de mayo de 2019 la instructora acordó el sobreseimiento de las actuaciones sin practicar, por tanto, las diligencias interesadas en el escrito del fiscal de fecha 8 de abril, entre ellas la pericial de la IGAE y los atestados de la UCO, soslayando así nuevamente el cumplimiento de las diligencias que habían sido ordenadas por la Audiencia».
El caso Idea
Las diligencias se incoaron, a petición de la Fiscalía, el 14 de junio de 2016. El 30 de agosto de 201 se advirtió a la jueza que no se habían unido a las actuaciones testimonios que fueron interesados por la Fiscalía y acordados por el magistrado de refuerzo en octubre de 2016.
Se reiteró la petición el 20 de octubre de 2017 y el 13 de marzo de 2018, sin que Núñez respondiera. «Hubo que esperar al 4 de junio de 2018 para que se dictara la providencia acordando la unión de los testimonios interesados. Y no lo hizo la magistrada Bolaños sino la magistrada Pilar Ordoñez, aprovechando que en esas fechas se tramitaba la recusación planteada por la acusación popular contra aquella».
Los hechos «expresan no ya un retraso en la tramitación de las causas sino su paralización, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia», afirma Alejandro Luzon.
Para el fiscal jefe anticorrupción, «la inactividad real y efectiva de impulso procesal, como la desatención a las resoluciones de la Audiencia, no se manifiesta con frecuencia de forma abierta, indisimulada, evidente e inequívoca sino mediante un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo, sin practicar ni denegar las diligencias solicitadas o presentando trabas y reiterando resoluciones ya desestimadas, que podrían sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos».
A su juicio, un análisis global de la actuación de Núñez «como el que se presenta con este escrito, con abrumadoras muestras de conductas irregulares, permite trascender la apariencia para revelar lo nuclear: la existencia de una inequívoca actuación dilatoria, incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes como instructora».
Luzón pide al órgano de gobierno de los jueces que investigue si la jueza de los ERE ha incurrido en una falta disciplinaria grave o muy grave de desatención y retraso.
La Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla ha trasladado este viernes su «apoyo y afecto» a Núñez. En el acta, la Junta, a través del juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, el juez de refuerzo que sustituye a Núñez tras haberse dado de baja hace un par de semanas, Ignacio Vilaplana, y los jueces de los 19 Juzgados de Instrucción restantes, se han querido pronunciar así ante «las informaciones vertidas».
