El Ministerio de Defensa ha dado los primeros pasos para que los documentos militares de la Guerra Civil y la posguerra, considerados hasta ahora secretos, estén al alcance de estudiosos, investigadores y del público en general. La Comisión Calificadora de Documentos de Defensa aprobó el pasado día 4 un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que recomienda a la ministra Margarita Robles que “autorice con carácter general la consulta pública de la documentación anterior a 1968” del Archivo General Militar de Ávila.
El cerrojo que mantiene vetados para los historiadores miles de documentos clave para entender la reciente historia de España empieza a ceder. La comisión del Ministerio de Defensa sobre calificación de documentos, que preside el secretario general técnico del departamento, ha pedido que se permita el acceso público a un inmenso fondo documental, hasta ahora de difícil o imposible consulta por llevar marcas de reserva o confidencialidad, sobre la Guerra Civil (partes de operaciones, despliegue de unidades), la represión franquista (campos de concentración, batallones de trabajo), la posguerra (fortificación de los Pirineos, Marruecos) o los boletines de la sección de inteligencia del Estado Mayor Central.
Estos documentos abarcan desde el golpe de Estado de 1936 hasta 1968, cuando entró en vigor la todavía vigente ley de Secretos Oficiales, y están depositados en el Archivo General Militar de Ávila, centro de referencia para el estudio de la Guerra Civil junto al de Salamanca.
Según el informe de la Comisión de Calificación de Defensa, esta documentación forma parte de los fondos “sobre los que el Ejército de Tierra ya ha informado oficialmente de que no afectan ni a la seguridad ni a la defensa del Estado, que su estado [de conservación] es correcto, que su grado de descripción alcanza el 100% y que es posible su consulta” pública sin mayores inconvenientes.
El informe no cita el número de documentos que saldrá a la luz pública, pero en 2011 la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, cifró en 10.000 los papeles del Ejército sobre la guerra civil y la posguerra que podían ser desclasificados. Expertos en archivística sostienen que el término documento es ambiguo, pues abarca desde una hoja con un mapa hasta un sumario de 5.000 folios, pero estiman que el volumen afectado podría triplicar la cifra que dio Chacón.
En todo caso, fue el trabajo de depuración y análisis de documentos realizado entonces el que ha permitido ahora avanzar con rapidez. Chacón dejó la desclasificación casi lista, pero no pudo culminarla porque se anticiparon las elecciones. Su sucesor, Pedro Morenés, del PP, paró la operación en seco, alegando que tenía “otras prioridades”, que la publicación de los documentos no tenía “otro interés que el ruido mediático” y que “una cosa [de otra época] hoy en día mal contada podría generarnos problemas con socios”.
Sin embargo, a diferencia de la operación que ultimó Chacón, Defensa no prevé ahora desclasificar ningún documento. El informe de la comisión técnica zanja el debate sobre la presunta extensión indefinida en el tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado, del deber de reserva al concluir que la ley franquista de Secretos Oficiales, aunque forma parte del ordenamiento jurídico vigente, no tiene carácter retroactivo. Es decir, ningún documento anterior al 28 de abril de 1968, fecha de entrada en vigor de la ley, está legalmente clasificado como secreto. Por tanto, no hay que desclasificarlo.
Postura del PP
El informe añade, no obstante, que la ley de Patrimonio Histórico prevé la posibilidad de excluir de consulta pública aquellos documentos cuya difusión “pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado”, aunque no estén legalmente clasificados. En este caso, añade, la consulta puede ser autorizada por “el jefe del departamento encargado de la custodia del archivo”. Para la comisión, el jefe del departamento que custodia los archivos militares “no puede ser otro más que la ministra de Defensa”. De ahí que, tras atribuirle la competencia para autorizar la consulta de los documentos anteriores a 1968 que tengan marcas de reserva o confidencialidad, le pide que los haga públicos, pues se trata “de fondos documentales cuyo conocimiento no daña ni pone en riesgo la seguridad y defensa del Estado o de las Fuerzas Armadas”.
Con esta interpretación, el Ministerio de Defensa pone fin a situaciones tan surrealistas como la que se produjo en abril pasado, cuando el Estado Mayor del Ejército tuvo que rectificar — ante las protestas de los historiadores— una instrucción por la que ordenaba impedir el acceso de los estudiosos a toda la documentación con el sello de secreto o confidencial, incluidos muchos documentos históricos que ya eran de público acceso incluso bajo la dictadura de Franco.
En realidad, la interpretación que hizo el Estado Mayor del Ejército estaba en sintonía con la del Partido Popular, que en esas fechas presentó una enmienda al proyecto de reforma de la ley de Secretos Oficiales, que se tramita en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que proponía que “la información clasificada con anterioridad a la ley 9/1968 de 5 de abril sobre Secretos Oficiales quedará automáticamente desclasificada a los tres años de la entrada en vigor de esta ley”. Es decir, el PP cree que los documentos sobre la Guerra Civil y la represión siguen siendo secretos y no deben ser públicos, en el mejor de los casos, hasta 2022; siempre que la reforma de la ley entre en vigor el año próximo.
En todo caso, la decisión de Defensa constituye solo un primer paso, pues solo afecta al archivo de Ávila, mientras que ese ministerio gestiona ocho archivos históricos, 15 intermedios y tres científicos, sin contar con más de 500 de gestión ordinaria.
