Y no suelen hacerlo bien. En realidad los jueces no deben legislar, ni tampoco hacer cumplir las leyes. Según la Constitución los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Resuelven conforme a la ley una controversia acerca de su aplicación entre ciudadanos o entre éstos y los poderes públicos. Y vigilan que se cumpla lo juzgado. Esto no es exactamente lo mismo que hacer cumplir la ley, porque para que el Poder Ejecutivo haga cumplirla no es necesaria una previa controversia resuelta por un juez.
La estructura judicial no es, ni tiene por que ser, adecuada para legislar. Se basa en la independencia de cada juez para resolver la controversia que le es sometida. Su poder sólo es ilimitado en cuanto al caso concreto del que conoce; y únicamente a las partes del mismo, y no a la generalidad de los ciudadanos, afecta su decisión. En los parlamentos y en el gobierno, se debate mucho pero una vez que se dicta una ley o una resolución es vinculante para todos los ciudadanos.
Únicamente a las partes del caso, y no a la generalidad de los ciudadanos, afecta la decisión de los jueces
Juzgar requiere interpretar la ley porque es imposible que prevea todos los posibles casos que pueden surgir en la realidad. Pero corresponde al legislativo “confeccionar el traje” y al judicial sólo hacer pequeños ajustes en función de quien debe llevarlo.
No es de recibo que una Ley tributaria diga que el impuesto deben pagarlo “aquellos en cuyo interés se expidan” los documentos gravados, que es lo mismo que no decir nada. Y es chapucero tratar de arreglarlo por vía reglamentaria, es decir, sustrayendo la cuestión al debate y decisión parlamentarios. La consecuencia es que los jueces acaban resolviendo una cuestión que es función inmemorial de los parlamentos, tienen que hacer el traje. Y razones hay para argumentar que es el banco o el cliente el que debe pagar, porque ambos están interesados en la expedición del documento. Uno porque quiere recibir el préstamo, otro porque quiere garantías de su devolución. Cada juez, por tanto, tendrá su opinión al respecto, tan fundada como la contraria, y a ninguno vincula lo que diga otro juez. Ni siquiera en sentido estricto lo que diga el Tribunal Supremo puesto que, según el Código Civil, su doctrina sólo “complementará el ordenamiento jurídico”, lo que en puridad no tiene el efecto vinculante que para los jueces tiene la ley. A lo que hay que añadir los deficientes mecanismos existentes hoy para unificar los criterios judiciales, lo que se agrava por el colapso actual que hace que se tarden años en resolver los recursos.
La incompetencia que desde hace ya tiempo se detecta en nuestros legisladores y gobernantes determina que cada vez se legisle y gobierne peor o directamente no se legisle ni gobierne. Las leyes son cada vez más malas y las decisiones de Gobierno cada vez más ambiguas en las cuestiones polémicas.
Las leyes son cada vez más malas, y las decisiones del Gobierno cada vez más ambiguas
Así acaba recayendo en los jueces no sólo determinar quiénes deben pagar los impuestos, sino resolver los graves problemas en Cataluña, poner coto a las prácticas corruptas de los partidos políticos o acabar con los abusos de los bancos y las grandes empresas con respecto a los consumidores. Eso sí, reservándose el Ejecutivo mecanismos para influir en las decisiones judiciales, especialmente en órganos reducidos pero con competencias importantes, demasiadas quizá, en ámbitos sensibles para la política, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.
Algunos jueces asumen con gusto el protagonismo y el poder que les otorga hacerse cargo de estas responsabilidades, promocionando sus carreras o abriéndose camino en el panorama político, a costa, claro está, de su credibilidad y por extensión de la credibilidad del sistema judicial. Los demás asumimos como podemos esta situación dada nuestra obligación inexcusable de resolver los asuntos. Y obviamente los ciudadanos, cuando ven que los jueces legislan y gobiernan, se comportan frente a los jueces como lo harían ante los partidos políticos: manifestaciones, protestas, alabanzas, presiones, etc. Y todo ello en una Justicia colapsada, retrasada, sobrecargada de trabajo, con escasez de jueces y de toda clase de medios y abandonada por completo por los otros poderes, a los que sólo les interesa manipularla en su propio beneficio.
Los ciudadanos se comportan ante los jueces como lo harían ante los partidos políticos
Tan malos para el Estado de Derecho son los ataques a la independencia judicial o la indiferencia frente a los problemas de ineficacia como utilizar a los jueces para tratar de resolver problemas que corresponden al legislativo y ejecutivo y que estos no quieren o no saben resolver directamente. No es bueno para nadie que los jueces legislen.
