El presidente de la Asamblea se ha rodeado de un equipo de su total confianza para desarrollar sus tareas durante esta legislatura. Alberto Castillo ha incorporado a su gabinete a seis trabajadores ajenos al Parlamento autónomo, entre ellos un chófer, para ocupar varios puestos que sus antecesores solían cubrir con funcionarios de la casa.
Castillo contrató en sus primeras semanas a una jefa de gabinete, eligiendo por designación directa a una profesional que venía del sector privado. Esta sustituyó a un trabajador de la Cámara que había realizado esta función con todos los presidentes anteriores y que continúa en la Asamblea, ahora como responsable de Protocolo. Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Asamblea, que está publicada en su página web, la jefa de gabinete cobra como un funcionario de grupo A (el más alto en la Administración), con un complemento específico de 24.604 euros brutos anuales y con el complemento de destino más elevado. El portal de transparencia de la Cámara, a diferencia de la web del Gobierno regional, no informa de la cuantía total de las retribuciones que reciben al año los eventuales, ni tampoco del nombre de estos.
Además, el presidente de la Asamblea cuenta con un técnico de comunicación, un empleado que en la anterior legislatura era asesor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Su categoría profesional es A/B, con un complemento específico de 20.483 euros y también con complemento de destino. En la Cámara hay desde hace décadas una jefa de prensa, que es funcionaria.
Asimismo, se ha llevado Alberto Castillo a la Asamblea a otras dos personas vinculadas a Ciudadanos, el partido con el que se presentó a las elecciones y al que se afilió recientemente. Ocupan los puestos de secretaria adjunta a la Presidencia y asistente técnico ejecutivo de la Presidencia. Sus sueldos equivalen a los de funcionarios de los grupos B y C/D, con complementos específicos de 11.029 y 15.211 euros brutos anuales. De igual forma, existe otro secretario particular al servicio del gabinete de la Presidencia, con categoría C/D, complemento de destino y complemento específico de 10.945 euros brutos al año.
El último ‘fichaje’ es el de un chófer de confianza. Francisco Celdrán y Rosa Peñalver utilizaban para sus desplazamientos a ujieres de la Asamblea, a los que se les exige estar habilitados como conductores.
«Acabar con los enchufes»
La contratación de personal eventual es una práctica extendida en las instituciones públicas. Los políticos suelen elegir a empleados de su confianza para ocupar estos puestos, que normalmente abarcan tareas de comunicación y protocolo. Sin embargo, la política que ha llevado Alberto Castillo de incorporar a trabajadores por designación directa contradice el programa electoral con el que Ciudadanos se presentó a las elecciones del 26-M, que en su artículo 36 abogaba por acabar «con los dedazos, los enchufes y los ‘amiguetes’ en la Administración» y proponía reducir «al mínimo» la contratación de personal eventual.
Fuentes de la Asamblea señalaron que Castillo mantiene el organigrama que había en la pasada legislatura. Indican que Rosa Peñalver contaba con un jefe de gabinete con secretario, dos secretarias particulares, un chófer, un técnico de comunicación y un asesor técnico. Estos dos últimos cargos fueron de nueva creación y el de asesor técnico permanece vacante en la actualidad. Así, indican que no se ha producido un incremento considerable del gasto en eventuales, aunque otras fuentes sí cifran en alrededor de 100.000 euros anuales este aumento. Y es que tres de los empleados que estaban en el equipo de Peñalver (jefe de gabinete, chófer y una secretaria) siguen en la institución, pues eran funcionarios. De esta forma, habría dos sueldos adicionales.
Respecto a la contratación del conductor, defienden desde la Asamblea que, pese a que figuran trece ujieres en plantilla, hay actualmente un 33% de bajas, debido a enfermedades o jubilaciones. Miguel Navarro, presidente de la Cámara en la época de Collado, contaba con un chófer ajeno a la casa, que luego le acompañó durante su andadura en el Ayuntamiento de Lorca, apuntan fuentes parlamentarias.
