El Gobierno regional reclama a su presidente que no se extralimite de las funciones que le otorga la ley
El pleno del Consejo de la Transparencia celebrado ayer acabó con una fuerte bronca entre el presidente de este organismo, José Molina (quien fue consejero con el PSOE) y el secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, Enrique Ujaldón.
El pleno se reunió a mediodía y en su orden del día incluía asuntos que irritaban al Ejecutivo regional, que considera que el Consejo de la Transparencia se está extralimitando de las funciones que tiene asignadas por la ley y entra en cuestiones políticas que no le atañen. Entre las propuestas que se debatieron y aprobaron figuraba una solicitud para que la Comunidad abra expediente sancionador al exgerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló por negarse a ofrecer la información sobre listas de espera. El propio Molina reconocía que no tiene potestad para emprender esa acción sancionadora y que se limita a hacer una sugerencia a la Administración.
Otro de los asuntos que se trataron, y que levantó ampollas entre el Consejo de la Transparencia y el Ejecutivo, fue la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de los sueldos de todos los empleados de la Administración regional. El Consejo propone publicar los salarios de los funcionarios, identificándolos con sus nombres y apellidos. Esto, sin embargo, ya ocasionó una polémica hace año y medio, obligando la Agencia de Protección de Datos al Gobierno a retirar la información publicada. El secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, Enrique Ujaldón, asegura que el Ejecutivo no va a volver a identificar a los empleados públicos y, aunque hará pública la información que considere relevante al ciudadano, garantiza que «se protegerá la intimidad de todos los trabajadores de la Administración regional».
