La política de cesiones del Gobierno ante los independentistas catalanes está empezando a provocar urticaria entre las propias filas del PSOE. Es conocido que la mayor parte de los barones y militantes socialistas no comulgan con las derivas nacionalistas y defienden a ultranza la unidad de España, máxime cuando está en juego la igualdad de trato entre las comunidades autónomas. Pero ayer, y cuando Pedro Sánchez lleva apenas 80 días en La Moncloa, dos presidentes regionales del PSOE salieron a poner en duda en público lo que llamaron «política de apaciguamiento»: la de Andalucía, Susana Díaz, y el de Aragón, Javier Lambán.

Lo que los dos criticaron de forma concreta fue que los gestos, las concesiones, el trato preferente respecto a otras autonomías y el silencio ante las brabuconadas y los atropellos de los independentistas vayan a servir para algo.

«Condescender demasiado con Cataluña, seguir con esta política de apaciguamiento esperando que algún día dé rendimiento, es una política que está condenada cada vez más al fracaso», dijo Javier Lambán, en sus primeras declaraciones nada más regresar de vacaciones.

«Es muy difícil» que la «voluntad» del Gobierno de «restituir la convivencia» tenga éxito «cuando tu interlocutor [el president Quim Torra] quiere generar caos y enfrentamientos, cuando usa cualquier cosa para quebrar la convivencia con una actitud impropia de un presidente», dijo Susana Díaz.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy que se impuso en el Congreso gracias a los votos de los independentistas catalanes (ERC y PDeCAT). Este hecho ha sido reprochado de forma insistente los dos últimos meses por el PP y Ciudadanos, que acusan al Ejecutivo de tener una hipoteca que pagar con los separatistas. El propio Sánchez y sus ministros admitieron de forma abierta nada más llegar al poder que iban a dar un giro a la política ante el proceso soberanista, y han hablado desde entonces de «diálogo» y «gestos». Sin embargo, niegan que haya ningún tipo de contraprestación por sus votos en la moción de censura.

Esta política ha incluido una reunión entre Sánchez y Torra, el compromiso del primero de visitar la Generalitat en otoño y diversos ofrecimientos, como recuperar artículos del Estatut que fueron anulados por el Tribunal Constitucional, además de abundantes inversiones.

Todo esto ya provocó hace unas semanas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, otro de los grandes barones socialistas, advirtiera de que no permitiría una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña sobre la financiación autonómica que dejara fuera al resto de las comunidades autónomas, la mayoría mucho más necesitadas que Cataluña.

Desde entonces, todo lo acontecido durante el aniversario de los atentados del 17-A, incluyendo la invitación de Torra a «atacar al Estado», y la invasión del espacio público con símbolos independentistas -y el acoso a quienes los quitan– no han hecho sino acentuar la sensación de que el «apaciguamiento» no está sirviendo para nada.

El PP y Cs sugieren ya que puede que el artículo 155 tenga que aplicarse otra vez. Susana Díaz lo admitió ayer, aunque dejó claro que eso se producirá «cuando se produzca otra actuación fuera de la ley o contra la ley», no «por las fanfarronadas que diga el presidente vicario», en línea con lo que defiende el Gobierno.

Sobre los lazos amarillos, asunto del que el Ejecutivo guarda silencio, Díaz sí manifestó que es imprescindible «respetar los espacios públicos para mantener la convivencia». «Qué es eso de llenar una playa de cruces amarillas», dijo la presidenta de la Junta de Andalucía, que se preguntó por la «utilización de recursos públicos para propaganda ilegal, en este caso contra la Constitución y las leyes».

Mientras esto declaraba Díaz en Sevilla, Javier Lambán seguía por la misma línea en Zaragoza. Denunciaba la «deriva de insensatez y mesiánica en la que está instalado desde hace tiempo» Quim Torra e insistía en que ve «imposible de reconducir el Gobierno separatista».

Los dos barones socialistas se empeñaron especialmente en cargar contra Quim Torra. Lambán, que estuvo presente la semana pasada en los actos del 17-A, denunció que el president y el resto de las instituciones controladas por los independentistas «hicieron una manipulación burda y zafia y un aprovechamiento indecoroso de este asunto». «Intenté evitar darle la mano», dijo sobre el presidente de la Generalitat.

Susana Díaz tomó la palabra al propio Torra para decir que es un «títere de Carles Puigdemont», que «no está gobernando para Cataluña ni para los catalanes, busca generar el caos y todas sus declaraciones y todo lo que ha hecho va en esa línea, a quebrar la convivencia entre los catalanes y el conjunto de todos los españoles».

Lambán llegó a pedir al Ejecutivo -dice que se lo ha pedido al ministro de Cultura- que impulse una política para que «España vuelva a Cataluña», porque «el Estado lleva décadas dejando Cataluña a merced de los independentistas y debe volver a poner pie en la comunidad y desarrollar todas sus competencias».

Por el momento las críticas de los barones socialistas se quedan ahí, aunque el hecho de que hayan decidido elevar al debate público su preocupación ya es significativo. Es indudable que cunde la preocupación ante la actitud abiertamente hostil de los independentistas y las consecuencias que puede tener la política de «apaciguamiento» del Gobierno ante ello.

 

 

FUENTE: ELMUNDO