Marqués de la Ensenada, 8, 28004, Madrid:

Las organizaciones abajo firmantes, en representación de los ciudadanos de un estado democrático que creen profundamente en la necesidad de la independencia de la justicia y en la división de poderes nos dirigimos al Consejo General del Poder Judicial para pedirle que actúe con firmeza ante el acoso y derribo que está sufriendo la judicatura.

En los últimos meses, la presión mediática y social en torno al caso de La Manada ha sido utilizada para librar un pulso contra el poder judicial. El gobierno está aprovechando la coyuntura para socavar la división de poderes. La actual ministra de Justicia Dolores Delgado ha hecho unas peligrosas declaraciones pidiendo “reformas mentales “en los jueces, y anunciando la creación de cursos de formación para desarrollar la justicia con perspectiva de género. Detrás de esta perífrasis rimbombante “juzgar con perspectiva de género” no se esconde otra cosa que una vulneración todavía mayor de los derechos fundamentales de las personas de sexo masculino en España, derechos que ya fueron severamente recortados con la aprobación de la LIVG, una terrible ley que no ha conseguido resolver en nada el problema para el que supuestamente fue creada. El CGPJ no debería permitir semejante intromisión de una ideología en los cursos de formación de jueces resistiéndose a toda costa a la implantación de dichos cursos de “justicia con perspectiva de género”. Ahondar en la discriminación legal por sexos a través de la “perspectiva de género” no es sino ahondar en una guerra de sexos que acabará destruyendo la convivencia de la sociedad española.

La jueza Gloria Poyatos tiene en su haber el mérito de haber dictado la primera sentencia con perspectiva de género en España, sentencia que consistió en condenar por maltrato a un hombre fallecido que había sido absuelto ya en vida. Gracias a esa sentencia la ex mujer del fallecido condenado pudo acceder a una pensión de viudedad. Es evidente que en este caso el acusado no pudo ejercer su derecho a la defensa. Éste es sólo un ejemplo de la formación de perspectiva de género que ahora reclama la ministra de Justicia.

En estas circunstancias, la jueza Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, ha hecho unas declaraciones al diario “El Mundo” que son escandalosas y socialmente desestabilizadoras. La jueza cuestiona las decisiones de sus compañeros jueces y afirma que el último auto que pone fin a la prisión provisional de los miembros de la Manada, “coloca a las mujeres en una situación de desprotección y evidencia la brecha entre la justicia y la realidad social”.

La señora Poyatos, durante toda la entrevista fundamenta sus afirmaciones sobre la tesis implícita de que los acusados son los culpables y la denunciante una víctima, vulnerando el principio más básico del derecho en todo estado democrático: la presunción de inocencia. La señora Poyatos parece desconocer el recorrido jurídico habitual en los casos judiciales en España, y es que, hasta que no se pronuncie el TSJN, los acusados siguen gozando de presunción de inocencia y por lo tanto sólo es lícito hablar de presuntos violadores o de presunta víctima, mucho más cuando quien hace estas declaraciones es una jueza que debería tener un conocimiento profundo de su profesión.

Pedimos al Consejo General del Poder Judicial, por el bien de la salud democrática, que intervenga con firmeza ante todos estos ataques desestabilizadores de los que está siendo objeto y que actúe en lo que está en su ámbito de competencia en dos líneas bien claras:

  1. Oposición a la implantación de los cursos de “justicia con perspectiva de género”.
  2. Aplicación de las medidas correctivas necesarias hacia la jueza Gloria Poyatos para atajar de raíz en el interior mismo de la judicatura estas actitudes de peligrosa colaboración con los acosadores del estado de derecho.

 

FIRMANTES:

Partido Igualdad Real (IGRE), Movimiento femenino por la Igualdad Real (MFIR),Plataforma Ciudadana por la Igualdad Real (PCIR), Asociación por una Igualdad Real y Efectiva (AIRE), Asociación de Padres de Familia Separados APFS, Asociación Extremadura por los Derechos de los Niños Custodia Compartida Extremadura, Cádiz Asociación por la Defensa de la Igualdad Efectiva (CADIE),Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC), Asociación Custodia Compartida Las Palmas, Asociación Custodia Compartida Tenerife, Federación Favor Filii, Despertar sin Violencia, Asociación Custodia Compartida Castilla y León, , Asociación de Abuelos en Lucha por sus Nietos, Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos, Asociación de Custodia Compartida de Córdoba (CODIE), Asociación La Terraza Euskadi, Asociación Abuelas Plaza Circular de Bilbao.

En representación de todas estas organizaciones, firma el presente escrito D. Pedro José Romero Matos, con DNI 07851949W y dirección postal: Avda. Mesa y López, 77, 18D, Las Palmas de Gran Canaria, 35010

FIRMADO
(en representación)

 

 
Pedro Romero Matos

Las Palmas a 27/06/18