Un contrato «verbal» para organizar el acto de la Fiesta Regional del 2 de mayo de 2008 por 183.000 euros, más de 200.000 para organizar «eventos deportivos» sin concretar o contrataciones apoyadas en informes técnicos que replicaban los argumentos de las empresas para proponer bajas temerarias.
La Cámara de Cuentas de Madrid ha diseccionado en un informe, publicado en la web del órgano fiscalizador, los contratos que el Gobierno de Madrid adjudicó a empresas vinculadas a las tramas Púnica y Gürtel entre 2008 y 2015 por valor de 172 millones de euros.
Al menos en una veintena de esos acuerdos por escrito y sujetos, en teoría, a todas las exigencias de contratación pública, el órgano fiscalizador ha encontrado irregularidades tras analizar 67 expedientes regidos por concurso o negociados con publicidad y 1.112 contrataciones menores. El importe de esos contratos con lagunas en algunos casos o directamente ilegalidades, en otros, suma unos 100 millones de euros. De este cómputo se ha dejado fuera las contrataciones de Metro de Madrid y del Canal de Isabel II que, aunque se concretan pequeñas carencias, están «en general correctamente tramitadas» y «ponen de la adecuada organización de la entidad gestora en esta materia».
El órgano fiscalizador ha estudiado uno a uno estos documentos. Según las cifras aportadas, la administración dio 37,4 millones de euros a empresas vinculadas con Púnica y 135,2 a las compañías relacionadas con Gürtel. La parte contratante es muy variopinta dentro de la administración madrileña: desde el Servicio Madrileño de Salud, a la Consejería de Educación para construir colegios e institutos, pasando por la Agencia Madrileña de Atención Social o sospechosas habituales como Arpegio o el Canal de Isabel II.
Mintra S.A y Metro de Madrid firmaron los contratos más cuantiosos con las empresas relacionadas con la trama Gürtel, 57, 8 millones y 20,4, respectivamente. La Consejería de Educación también explotó la contratación con la trasferencia de más de 16 millones de euros entre 2008 y 2015. En el caso de Púnica, la Consejería de Políticas Sociales fue la administración que efectuó más contrataciones con más de 29,8 millones de euros comprometidos.
Entre las irregularidades detectadas, la Cámara de Cuentas destaca especialmente los expedientes de contratación de Arpegio S.A., que alcanzan los 10 millones de euros y que, según el órgano fiscalizador, no siguieron procesos «que garantizasen el respeto de transparencia, secreto de las proposiciones, objetividad, no discriminación y libertad de acceso a las licitaciones».
Importante mención adquiere también la contratación por la vía «verbal» de la «organización y montaje del acto celebrado en la Real Casa de Correos con motivo de la fiesta del 2 de mayo de 2008». La responsable de este modo sui generis de contratar, «prohibido» al no generar ningún tipo de expediente, fue la Consejería de Presidencia.
El valor de esos trabajos se situó en 183.107, 88 euros y el gasto se convalidó a posteriori en un Consejo de Gobierno más de un año después, en septiembre de 2009. «No existe cobertura contractual, produciéndose una vulneración de los principios por los que se rige la contratación administrativa», afirma la Cámara de Cuentas, que acredita que se produjo una «adjudicación directa al margen de cualquier concurrencia».
El informe también se detiene en el «suministro de una bomba de calor» de un centro de salud madrileño (Goya) por pedir a las empresas concursantes «requisitos de solvencia desorbitados» que ponen «barreras injustificadas a pequeñas y medianas empresas».
Contratos menores fraccionados
El volumen de contratos menores firmados por la administración regional con las empresas vinculadas a las tramas de corrupción, que superan los cuatro millones de euros, tampoco quedan libres de irregularidades, según el órgano fiscalizador.
Por ejemplo, la Consejería de Deportes puso moqueta, cartelería o iluminación para actos que contrató a través de esta figura de manera fraccionada para evitar hacer un concurso, algo que contraviene la ley. «Lo que se paga a la empresa por trabajos para un mismo acto mediante diferentes facturas, todas de la misma fecha, supera el importe de los contratos menores, por lo que tendría que haberse tramitado un expediente mayor», concreta el órgano.
El informe no lista por nombre las 185 empresas vinculadas a Púnica y Gürtel. El resultado final es fruto, dice el documento publicado, de un largo proceso en el que la Cámara de Cuentas solicitó al juzgado la relación de compañías –con dificultades en el caso de Púnica por estar «en fase de instrucción»– y después pidió todos los expedientes que tuviera la Comunidad de Madrid relacionados con esas empresas, en base al listado ofrecido por los juzgados.
