ÁNGEL MONTIEL
Mira por dónde la cantidad fijada por la Justicia como montante total de la extorsión pública de los ERE andaluces se parece como una gota de agua a otra al caso murciano de la desaladora de Escombreras. Seiscientos millones de euros. Empate.
Todo el gran escándalo de los ERE se viste con esa enorme cantidad de billetes que, según el cálculo generalizado, lo convierte en el cuantitativamente más elevado de cuantos han moteado la salud democrática de este país desde la Transición. El ránking de la corrupción coloca al PSOE andaluz, con el rigor de una sentencia judicial, en el primer puesto de tan lamentable hit parade por el dato incuestionable de la cantidad de dinero distraída o afanada: seiscientos millones y un largo pico.
Qué casualidad que se trate de la misma cantidad de dinero que está en riesgo de lastrar la caja pública de la Comunidad autónoma murciana en la circunstancia, bien probable y perfectamente posible, de que se produjera una rescisión del contrato, digamos que de alquiler, que el Gobierno regional mantiene con el grupo ACS de Florentino Pérez bajo un entramado de empresas superpuestas y operaciones de ingeniería financiera tomadas en su día bajo la dirección política de Ramón Luis Valcárcel y la comandancia del consejero Antonio Cerdá. El propósito de todo ese artificio consistía en crear una ficticia disposición de recursos hídricos para validar la proliferación de urbanizaciones en la Región con independencia de las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica, para lo cual se instituyó un fantasmal Ente Público del Agua cuyas decisiones han venido siendo desautorizadas en sucesivas sentencias del Tribunal Supremo.
El paralelo del tocomocho no se percibe solo en el montante económico de los seiscientos millones de euros en riesgo, sino en las idénticas actitudes de la Junta de Andalucía y de la Comunidad murciana en los respectivos casos. Las condenas de los ERE no llevan aparejadas la devolución del dinero extorsionado al erario público porque el Gobierno de Susana Díaz renunció a exigir ante la Justicia la reposición de sus intereses. Pues bien, en Murcia todavía estamos esperando que el Gobierno de Fernando López Miras denuncie ante la Fiscalía el contrato leonino heredado de los Gobiernos anteriores que no prevé ningún riesgo para la empresa privada que construyó la desaladora, pero acepta que, si ésta no viera cumplidos sus objetivos, la Comunidad autónoma (es decir, usted y yo) tendría que pagar seiscientos millones de euros a don Florentino, ese señor tan simpático que preside el Real Madrid.
Hay quien mide la importancia de la corrupción en la cantidad de dinero levantada. En tal caso, el PSOE sería más corrupto que el PP porque los seiscientos y pico millones de los ERE quedan lejos de los que suman las piezas separadas de la Gürtel. Pero si las actuales investigaciones que a trancas y barrancas ha conseguido recuperar la Fiscalía murciana sobre el ‘caso desaladora’ no dieran en hueso por alguna triquiñuela externa, como ha ocurrido hasta la fecha, la Región de Murcia tendría de nuevo espacio en los noticieros nacionales para aportar más elementos de singularidad: gracias a la gestión del PP podríamos empatar al PSOE andaluz en la dudosa competición sobre quién dilapida con más alegría el dinero de todos. Que no decaiga.
